CEFASA aplaude el informe de la CIDH y ofrece su apoyo al gobierno para empezar a aplicar las sugerencias

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SANTIAGO, República Dominicana.-El Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA) aplaude el informe preliminar que la CIDH ha dado a conocer el pasado viernes. El meticuloso y atento trabajo de los comisionados y sus equipos, desde el 2 hasta el 6 de diciembre, ha producido un informe que refleja perfectamente la situación de las violaciones de los Derechos Humanos relativas al tema de la sentencia del TC. El hecho de haber escuchado directamente más de 4000 personas, de haber visto las condiciones sociales de exclusión, de haber escuchado las contradictorias posiciones del gobierno, hace de este informe un documento valioso y confiable.

Las conclusiones, que compartimos plenamente, se concentran en los temas claves, obviando las desviaciones que elementos cercanos al gobierno han tratado de introducir:

1. No está en juego la forma en que la República Dominicana otorga su nacionalidad. Nadie cuestiona la actual constitución, el tema es la aplicación de las constituciones anteriores y el intento de la sentencia del TC de aplicar retroactivamente normas que fueron definidas solamente a partir del 26 de enero 2010;

2. No está en juego la posición de extranjeros, sino de dominicanos a pleno derecho. No es una propuesta viable la naturalización de personas que ya son dominicanas y menos que estas personas sean obligada a buscar otra nacionalidad para poder ser “beneficiados” de la dominicana;

3. Las personas afectadas por la sentencia viven en condiciones socio-económicas desfavorecidas, no es posible aplicarles procedimientos complicados y caros. Indirectamente la sentencia expresa lo absurdo de la forma de operar de la actual Dirección General de Migración.

El Plan de Regularización no es la solución para los dominicanos.

Para los extranjeros el Plan es un instrumento necesario, que solicitamos desde hace 9 años, y cuyo decreto, con algunas debilidades, expresa el rechazo del gobierno a la línea que la Dirección General de Migración trató de trazar en sus propuestas del 2012 y 2013. Ahora hay que ponerse a trabajar para que el decreto se convierta en procedimientos accesibles que otorguen a todos los migrantes presentes en el país un estatus migratorio regular. La única forma para garantizar que el Estado reciba rápidamente un retorno de la inversión en la regularización es privilegiando las residencias, los únicos estatus migratorios que permiten la inscripción en la seguridad social y la estabilidad de las personas.

Para los dominicanos el Gobierno ha anunciado una ley especial. Para ser efectiva esta ley tiene que abarcar todos los dominicanos indocumentados (de ascendencia extranjera o criolla) y aquellos dominicanos que se considere que tienen “problemas” en sus registros civiles. Recordamos que los “problemas” fueron aceptados por oficiales civiles que, a nombre del Estado, consideraron que esas declaraciones eran legítimas. Tampoco podemos olvidarnos de todos los procesos de “cedulación con fines electorales” y otras formas de “documentación ad hoc”, que beneficiaron a políticos y funcionarios del Estado. Estos procesos fueron fraudes donde los indocumentados eran víctimas y el victimario era la debilidad de las instituciones.