Danilo Medina en Cuba: la ilegalidad develada

 Rosario Espinal

Fuente, http://www.acento.com.do/y Hoy.com.do

En la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrada en Cuba, Danilo Medina señaló cantante y sonante que en República Dominicana hay alrededor de un millón de haitianos, la mayoría indocumentados, que circulan libremente y utilizan los hospitales y escuelas; que aunque la ley laboral dominicana sólo permite 20% de empleados extranjeros en las empresas, los haitianos constituyen alrededor del 80% en la agricultura y 90% en la construcción.

Sobre la Sentencia TC 168/13 dijo que no hay violación de derechos porque los descendientes de haitianos nunca tuvieron la nacionalidad dominicana, por tanto, no se puede quitar lo que nunca se tuvo. Creativo, ¿ah?

Estos planteamientos tuvieron como objetivo responder las acusaciones de racismo y discriminación formuladas por el combativo Ralph Gonsalves, Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, a propósito de la Sentencia TC 168/13.

Lo expresado por el exasperado Medina, lejos de mostrar que en República Dominicana no hay racismo ni discriminación, develó públicamente ante los jefes de Estado allí presentes, la magnitud de la ilegalidad migratoria en el país, ilegalidad que confirma la discriminación, no la solidaridad.

El problema dominicano no es Gonsalves ni CARICOM, ni otro país u organismo internacional. El problema dominicano es consigo mismo. Es las consecuencias sociales que derivan de tanta ilegalidad migratoria promovida por los gobernantes dominicanos para la explotación laboral.

Primero, la frontera dominico-haitiana la controlan las Fuerzas Armadas dominicanas, la Dirección de Migración y la Dirección de Aduanas. Lo que pasa por ahí, legal o ilegalmente, es con su aprobación o negligencia.

Segundo, la cantidad de haitianos indocumentados no están en República Dominicana por solidaridad, sino porque el Gobierno y muchos empresarios se han beneficiado de la abundante mano de obra ilegal haitiana.

Tercero, los gobiernos dominicanos han permitido que los empresarios agrícolas y de la construcción empleen tantos haitianos en violación a la ley laboral, no por solidaridad, sino porque realizan los trabajos más duros por bajos salarios.

Cuarto, los inmigrantes haitianos y sus descendientes van a hospitales y escuelas dominicanas porque ¿dónde van a ir si viven en el país? Lo dijo el Presidente: son el 80% de la mano de obra agrícola y 90% en la construcción.

Aunque Danilo Medina se envalentonara en Cuba, y con eso cautivó las huestes dominicanas que lo llamaban blandón, su estrategia de develar tanta ilegalidad para rebatir acusaciones de racismo y discriminación mostró un país donde más vale la explotación que la ley.

La migración haitiana indocumentada que han promovido o permitido los gobiernos dominicanos por décadas es trata humana, violatoria de derechos humanos, y ha sustentado un sistema de súper-explotación laboral en el azúcar, y luego en otros renglones. Los gobiernos haitianos han sido cómplices porque no protegen su ciudadanía y las condiciones en Haití son peores.

Este sistema de súper-explotación laboral pone la República Dominicana en la picota a nivel internacional, sobre todo ahora que el gobierno reclama soberanía para aplicar la Sentencia TC 168/13, que niega derechos de nacionalidad a personas nacidas y criadas en territorio dominicano de padres inmigrantes indocumentados.

La Sentencia busca precisamente negar derechos desde 1929, porque la Constitución de 2010 los niega de ahí en adelante. Esto lo saben los jefes de Estados de la región, hablen o no, condenen o no, porque tontos no son.

Para República Dominicana, esta población pobre y desprotegida de inmigrantes indocumentados y descendientes seguirá aquí explotada y empobrecida. Este es el problema dominicano que la Sentencia TC 168/13 agrava, no resuelve, aunque la embriaguez del nacionalismo discriminatorio produzca tanta ceguera y encono.

Artículo publicado en el periódico HOY