Nicaragua: Entre las incoherencias de la oposiciòn y la necesidad del diàlogo y la reconciliaciòn

Por: Carlos Fonseca Terán

La crisis actual tuvo como punto de inicio las reformas a la seguridad social, y como detonante las muertes causadas por el conflicto que se dio entre quienes se oponían a ellas y quienes las defendían. Las reformas fueron derogadas, con lo que ya la expectativa de quienes se oponían a ella no tenía más razón de ser. Entonces la sustituyeron por la renuncia del Presidente o en su defecto, su derrocamiento. ¿Por qué antes no exigían esto y ahora sí?



La diferencia parece estar en las muertes mencionadas, pero eso en todo caso sólo sería válido si el gobierno fuera el causante intencional de esas muertes, lo cual nadie puede aseverar sin caer en la especulación, sobre todo después de las últimas revelaciones de la banda VIPER; o bien si todos los muertos fueran de un solo lado, lo cual evidentemente no es cierto.

En Estados Unidos, cuando se dio la insurrección negra en Ferguson y Baltimore, en 2015, motivada por el asesinato previo de un joven negro a manos de la Policía, hubo sesenta y dos muertos por la represión en unas cuantas horas, resultado del ataque de las fuerzas represivas del gobierno de George Bush (aceptado por él públicamente) a manifestantes desarmados, que no es el caso de Nicaragua, donde en primer lugar nadie ha demostrado que las muertes fueron causadas por el gobierno y donde además, los enfrentamientos han sido de múltiple tipo, prevaleciendo los que se han dado entre grupos opositores y defensores del gobierno sandinista, con armas mortales en ambos bandos. Sin embargo, en Estados Unidos nadie pidió la renuncia de Bush, y menos aún los organismos internacionales.

¿Por qué se pasa entonces del rechazo a la reforma de la seguridad social a la demanda del
cambio de gobierno como motivación de la protesta? Sencillamente, porque para los
iniciadores de ésta el objetivo siempre fue la caída del gobierno, pero para eso tiene que haber elecciones, cuyas características y momento de realización están contemplados en nuestra legislación.

Algunos hablan de elecciones adelantadas, pero esto tampoco se justifica con hechos objetivos – al menos por el momento (habrá que ver el resultado de las investigaciones pertinentes acerca de las muertes ocurridas durante este confuso mes y medio de protestas, disturbios y desestabilización) –, y no hay al respecto precedentes legales.

En resumen, la oposición – sin partidos que la representen – plantea un cambio de gobierno al margen de las leyes del país, y sus voceros pretenden legitimar tal aspiración erigiéndose en acusadores y jueces a la vez en el tema de las muertes causadas por la orgía de violencia que vive el país, generada por esa misma oposición, a la cual pertenecen supuestos organismos de derechos humanos cuyos directivos declaran expresamente que quieren ver caer “a esta dictadura”, con lo que pierden toda credibilidad posible como actores legítimos de una solución al conflicto en tanto se supone que son organismos de la sociedad civil y no partidos políticos.

El Diálogo Nacional, única esperanza para la paz, se ha convertido en una pasarela adonde
llegan a modelar los políticos de la derecha (viejos y nuevos) para exhibirse ante su potencial electorado, y mientras más radical el discurso mejor. En esas condiciones no hay
posibilidades de que el Diálogo avance. En tal sentido, la Comisión Mixta creada por los
obispos luego de suspender la Plenaria ante la incapacidad de ésta para llegar a acuerdos, debería ser permanente, para dirimir en serio las posiciones que sean planteadas en los
discursos políticos de la Plenaria.

Adicionalmente a todo esto, resulta que una buena parte de los representantes de la oposición en el Diálogo pertenecen al MRS, el micropartido que ha declarado oficialmente su rechazo al Diálogo; o sea, que sólo llegan a él con el deliberado y explícito propósito de boicotearlo.

En este proceso la Iglesia Católica se está jugando una credibilidad que cada día va en
detrimento, debido a la actitud irresponsable de algunos de sus representantes, que se
muestran abiertamente partidarios de una de las partes entre las cuales se supone que ellos son mediadores.

Aunque los que perdieron las elecciones presidenciales en 2016 argumenten sin pruebas que en las mismas hubo fraude, este es un gobierno legítimamente electo por el pueblo en
elecciones avaladas por la OEA, que es – como se sabe – adversa a los gobiernos de izquierda de nuestro continente, entre los que se encuentra el nuestro, lo cual otorga mayor credibilidad a la limpieza del proceso electoral recién pasado. Aun así, el gobierno desde mucho antes de esta crisis aceptó todas las recomendaciones de la OEA para reformar nuestro sistema electoral en la dirección que demanda la oposición, voluntad que se ha reafirmado en el marco de la situación actual.

La Policía está acuartelada y las universidades públicas están siendo convertidas en cuarteles de pandillas, que ya están saliendo por las noches a matar al que no quiera darles el peaje que demandan, como sucedió con el ciudadano norteamericano recientemente asesinado por estos elementos en la zona de operaciones que la delincuencia desatada ha convertido en bastión. Los sandinistas, por el solo hecho de serlo estamos siendo asediados y perseguidos por vándalos al servicio de la oposición, que aprovecha nuestra voluntad de ganar la paz y no la guerra, quizás ignorando que esta última la hemos ganado cuantas veces nos hemos visto obligados a pelear.

Es inconcebible que en un régimen dictatorial y represivo – como se nos quiere presentar – sus partidarios deban ocultar su condición como tales – lo cual han tenido que hacer muchos sandinistas – para evitar ser agredidos por los opositores a dicho régimen.

El Diálogo no fue convocado ni instaurado para establecer el procedimiento de una eventual renuncia del gobierno, y en caso de haberlo sido, obviamente, ni siquiera se llamaría Diálogo. Se convocó e instauró para que las partes actualmente en conflicto dirimieran sus diferencias de forma civilizada, pero esa no parece ser la voluntad de una de las partes ni de algunos de los mediadores, descaradamente parcializados, mientras por otro lado la derecha acusa de parcializada a la Comisión de la Verdad convocada para la investigación de los hechos violentos, e integrada por personalidades de conducta intachable y credibilidad muy superior a la de sus detractores, además de haber sido conformada en el seno de la institución por excelencia de la democracia, que es la Asamblea Nacional.

Pasando al contenido del Diálogo, sería interesante ver qué propuestas alternativas hay con respecto a las reformas derogadas, y también qué planteamientos surgen para mejorar las condiciones de vida del pueblo nicaragüense, algo en lo que el actual Gobierno ha trabajado más que ningún otro en nuestra historia. Únicamente atendiéndose los temas
socioeconómicos a la par de los que son de tipo político será posible ver quién es quién en ese Diálogo. Por ejemplo, sería interesante conocer la opinión de los que dicen defender los derechos del pueblo, ante una posible propuesta nuestra de que los aumentos en las
cotizaciones al INSS afecten solamente a los grandes empresarios, tomándole así la palabra a la oposición, que al inicio de las protestas decía estar en contra del aumento en las cotizaciones de los trabajadores y de la creación de las cotizaciones para los jubilados, tanto los ordinarios como los que reciben la pensión reducida, misma que cuando esa oposición fue gobierno, jamás se les ocurrió otorgar.

Si la sociedad civil y los estudiantes compartieran la propuesta antes mencionada, obviamente nos uniríamos sandinistas, estudiantes y sociedad civil en contra de la empresa privada, que siempre se aferrará a sus privilegios y que en este caso quedaría aislada. Si este escenario es inconcebible, no es debido a que los sandinistas no estemos dispuestos a reconciliarnos e incluso aliarnos con quien sea que quiera alcanzar objetivos similares a los nuestros y beneficiosos para el pueblo nicaragüense, pues ya lo hemos hecho innumerables veces en el pasado.

Lo inconcebible o utópico de la situación planteada, pues, se debe a que tanto la organización política de origen estudiantil allí representada como la llamada sociedad civil, son aliados estratégicos de la empresa privada, cuyos intereses eran los más afectados por la reforma derogada.

A pesar de todo, la reconciliación es posible, aunque siempre sea complicada, pues si bien es cierto no necesariamente implica alianzas políticas, sí requiere de algo tan difícil como cumplir con aquel incómodo mandamiento cristiano de amar al prójimo como a uno mismo; imposible de cumplir para muchos, pero no para los revolucionarios.